Bolivia: Mujeres amazónicas castañeras y su lucha permanente y grupal pese a la sequía

                                                         Claudia Soruco

INTRODUCCIÓN 

La oferta internacional de la castaña amazónica la proveen tres países: Bolivia, Brasil y Perú, sin embargo desde 1997, Bolivia ha asumido el liderazgo en el mercado, por dos factores puntuales: Brasil ha priorizado la explotación de otros productos de la Amazonía, como la madera, nueces de cajú, etc) y porque el precio de la fuerza laboral para su recolección, pelado, secado y empacado,  es mucho más bajo en Bolivia.¹

El 2009, Bolivia exportó a nivel mundial aproximadamente en valor USD72 millones de castañas entre castaña sin cáscara y con cáscara y en volumen 22 mil toneladas aproximadamente hacia el mundo. La participación porcentual de Bolivia en las exportaciones a nivel mundial para la castaña fue del 52% para ese año y es el mayor país exportador de castaña en el mundo.²

Pero posteriormente se registraron fuertes sequias en el país que afectaron dicha producción. La zafra de la castaña del periodo 2016-2017 y que concluyó en abril, registró una alarmante baja de 70% en su rendimiento, esto debido a la sequía en prácticamente la totalidad de la amazonia.

Ante aquello, el presidente de la Asociación de Productores de Goma y Almendras (Asprogoal), René Fong, informó que el precio de la caja de castaña que costaba entre B$ 175 y 190, se la llegó a comercializar entre B$ 220 y  250.

Esta baja de la  producción de la castaña obligó a la Empresa Boliviana de Almendras (EBA) y a la Cámara de Exportadores del Norte (Cadexnor) a elaborar una estrategia conjunta contra el impacto que tuvo la sequía en la producción y para contrarrestar el déficit por  efectos de la sequía.

Este déficit hizo imposible acumular este producto para la elaboración de derivados que muchas mujeres productoras llevan adelante en los sectores amazónicos de Beni, La Paz y Pando.

Ese fue el caso de un grupo de mujeres de San Antonio del Matti, una pequeña comunidad ubicada en el municipio de Puerto Rico de la provincia pandina de Manuripi, al norte de Bolivia y que está conformada por unas 30 familias que en su mayoría generan sus recursos a través de la recolección de castaña, la producción de yuca, maíz y guineo (plátano) y la elaboración de artesanías.

Lucha permanente y mujeres unidas

La región donde ellas habitan es una de las más calientes del país, donde muchos no pueden habituarse, generalmente personas del área altiplánica, quizás ese sea el factor preponderante para la inestabilidad de docentes en su pequeña escuela. Les hace falta profesores que puedan permanecer de manera continua durante toda la gestión escolar.

Estas mujeres y sus familias inician su labor enmarcada en la castaña ya desde septiembre, preparando caminos, espacios, galpones y materiales. Y para noviembre comienza la recolección. “Este año tuvimos una caída en toda la producción, nos fue muy mal, pero estamos confiados en que desde diciembre tendremos una mejor producción”, es la afirmación de Maribel Borja, una de las comunarias del lugar. 

En la región amazónica de Pando la participación de la mujer en el mercado laboral se ha mantenido casi constante, alrededor del 33%. Los sectores que tienen una mayor participación de la mujer son castaña, comercio y servicios. En particular, los grupos focales y estudios sobre la castaña, señalan que este sector mediante las beneficiadoras ha mejorado a las mujeres sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.³

Las mujeres del Matti, en un grupo de 25, recolectan la castaña, destinan un porcentaje para la venta y al menos el 50% restante para la elaboración de derivados que con ese valor agregado comercializan en sectores aledaños, ferias y eventos que las instituciones del Estado llevan adelante y que les han favorecido para darse a conocer y optar por proyectos y concursos con buenos resultados.

“Hemos participado ya en una feria gastronómica y nos fue muy bien. Nuestro producto estrella es el brigadeiro”, destaca con orgullo Hilda Morigua.

Y es que todas ellas son hoy expertas en la elaboración de harina, galletas, las golosinas denominadas brigadeiros y vestimentas típicas y artesanías con la castaña.

Esta última sequía no les ha permitido abastecerse de suficiente almendra para la elaboración de sus productos con valor agregado, sin embargo eso no les ha impedido que se organicen para consolidarse como agrupación y poder postular para proyectos y capacitaciones que consideran son fundamentales para el crecimiento suyo y de sus familias.

Así que mientras preparan las condiciones para la siguiente zafra, ellas van participando en capacitaciones y proyectos que les permitan fortalecerse.

Afirman que el internet y los contenidos para la difusión les ayudaran en este propósito, por lo que participaron recientemente en un taller en manejo de redes sociales para la información de sus actividades y desarrollo, mismo que fue un inicio para que ellas establezcan mecanismos para que Bolivia y la región conozca su pequeña comunidad, el trabajo que realizan y sus proyecciones a futuro.

Aprovechan los horarios de clases de sus hijos y afinan detalles para consolidar lo que esperan que será una cosecha mucho mejor que la de la pasada gestión. La temperatura de 33 grados centígrados no es un obstáculo para llevar adelante su panificación.

Paralelamente a este trabajo, ellas decidieron trabajar también en grupo en la construcción y puesta en marcha de un hortalicero que abastezca las necesidades de todas las familias, con cultivos de lechuga, cebolla, perejil, entre otros.

“Fue muy lindo cuando sacamos las primeras lechugas y ver a nuestros hijos disfrutar de una ensalada fresca”, sonríe una de ellas mientras recorre con orgullo este espacio que fue dispuesto cerca de la escuela para el cultivo de esos productos, y en el cual todos deben participar para su riego y cuidado.

La urgencia de un centro de salud y un espacio de fabricación

La comunidad de San Antonio del Matti no cuenta con un centro de salud, en caso de emergencias, sus pobladores deben recorrer unos 20 kilómetros, generalmente en motocicletas, hasta acceder al Centro de salud Comunitario Intercultural ubicado en la comunidad de La Conquista.⁴ Los niños por lo general llegan a padecer infecciones estomacales, caídas, entre otros, pero hay casos de mujeres en gestación que deben hacer ese recorrido pese a las incomodidades y riesgos.

Maribel Borja nos comenta que ya se viabilizó una solicitud ante instituciones del Estado para la instalación de al menos una pequeña posta de salud. Y aunque aún no tienen respuesta, este grupo y sus familias confían en que por la cantidad de niños y mujeres de su comunidad y ante la necesidad se determine esta instalación.  

Los remedios caseros no faltan, así que para paliar algunas afecciones recurren a diferentes plantas medicinales características de la Amazonía.  

Y así, en medio de carencias, consecuencias del cambio climático y acceso limitado a la educación y a la salud, este grupo de mujeres continúa con el emprendimiento de una producción colectiva a base de la castaña, una dinámica grupal que inició con Modesta Espinoza y otras de sus compañeras, que consolidaron  hace ya varios años (1989) la conformación del denominado Club de Madres, para instalar huertos comunales y afianzar la defensa de sus derechos.

Ellas se han propuesto capacitarse y luchar por conseguir una infraestructura con equipamiento en su comunidad para que les permita ampliar sus índices de producción y mejorar su calidad.

“Es una labor difícil, procuramos participar siempre en las ferias de la región con nuestros productos, queremos consolidarnos y lograr  incluso sean parte del desayuno escolar de los niños de la región, porque es una alimentación sana la que ofrecemos”, aspira Modesta Espinoza con una voz suave, pero firme y esperanzadora.

Jujuy, Argentina

1 de agosto de 2017

En este artículo quiero reseñar algunas características básicas de las poblaciones rurales de la Provincia de Jujuy, República Argentina. El mismo está planteado como una introducción general y con vario aspectos particulares que poseen alto valor heurístico. El estado del arte es abundante al respecto, pero no pretendo aquí hacer una síntesis del mismo, sino reseñar algunas generalidades que pueden servir al lector para profundizar en problemáticas más específicas.

En primer lugar debo enunciar qué se entiende por poblaciones rurales en el contexto de la provincia de Jujuy. En principio es de conocimiento general entre los investigadores de las ciencias sociales que existe un criterio demográfico utilizado para contrastar con las poblaciones urbanas. Este criterio puede variar respecto de los límites demográficos acordados para diferenciar un tipo de población respecto de la otra. En el caso de Argentina el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos fijó como límite un valor inferior a 2000 habitantes por centro poblacional. Este criterio es extensivo a todas las Direcciones Provinciales de Estadísticas y Censos. Por ende es aplicado en todos los relevamientos de datos realizados por entidades públicas oficiales y privadas.

En consecuencia, en la Provincia de Jujuy, al referirnos a poblaciones rurales, debe quedar claro que hablamos de aquellos centros poblacionales que no superan los 2000 habitantes.

Una tendencia general en la República Argentina es un predominio indiscutible de la población urbana por sobre la rural. El 91% de la población reside en ciudades mientras que el 6% reside en forma dispersa y el 3% restante se ubica en pequeños núcleos poblacionales. (INDEC 2012)

 La Provincia de Jujuy no es la excepción, ya que en la actualidad el 87% de la población reside en las principales ciudades del distrito. El 13% restante representa a los habitantes de las zonas rurales.

No obstante, esta minoría demográfica no es uniforme en sus otras características. Las diferencias existentes están sustentadas en las particularidades ambientales y ecológicas, económicas, culturales e históricas.

Las características geográficas y ecológicas de Jujuy consisten en la diferenciación de cuatro regiones: el altiplano andino o Puna (de 3000m. a 4500m. sobre el nivel del mar), el borde oriental de la Puna surcado por la Quebrada de Humahuaca (entre 3000m. y 2000m. snm) y por las Yungas o selvas de montaña (2000m. a 1300m. snm), los valles húmedos (1300m. a 500m. snm) del SE, y franjas de bosque chaqueño hacia el E. (500m. snm)

Las relaciones entre las poblaciones rurales de estas regiones geográficas estuvo atravesada por los procesos de desarrollo del Capitalismo, concretamente en la agrodindustria que se desarrolló en las Yungas y los Valles; y la instalación de enclaves mineros en la Puna. Sus procesos de acumulación originaria, e intensificación de las relaciones de producción capitalista otorgaron un papel central a las poblaciones rurales en cuanto abastecedoras de mano de obra estacional a bajo costo. Esta condición fue impuesta de manera violenta y compulsiva; puesto que generaron mecanismos de captación de fuerza de trabajo que apelaban a la agudización de la concentración de la tierra, que a comienzos del s.XX estaba en manos de grandes terratenientes. Gran parte de las poblaciones rurales, que subsistían como campesinos indígenas, carecían de la propiedad de las tierras que pisaban y cultivaban. Estaban sometidos por el arriendo que pagaban a grandes terratenientes latifundistas ausentistas. Esta problemática estructural fue heredada de la estructura de Sociedad de Haciendas del período de dominación colonial, en el que una minoría de encomenderos españoles y su descendencia criolla se hicieron con la posesión de gran cantidad de hectáreas de tierras (Rutledge, 1987).

En la actualidad continúa siendo uno de los principales problemas estructurales de la Provincia de Jujuy. Su continuidad ha sido foco creador de no pocas tensiones latentes entre una población creciente y demandante de tierras para su establecer sus lugares de vivienda y una concentración de la propiedad aguda.

La sumatoria del desarrollo de la agroindustria, y de la minería en la región de la Puna, provocó como consecuencia una semiproletarización de las poblaciones rurales. Alternando ciclos estacionales de cosecha en las grandes plantaciones de caña de azúcar, tabaco, cítricos y hortalizas en las Yungas y el bosque chaqueño, con la pequeña producción hortícola y ganadera de subsistencia y bienes artesanal. Por ello se generaron migraciones estacionales entre las tierras bajas y las tierras altas de la Provincia de Jujuy y parte del sur de Bolivia.

Sin embargo hubo períodos de transformación productiva en los enclaves agroindustriales y mineros que expulsaron grandes cantidades de fuerza de trabajo. En la década de 1960 los enclaves azucareros reconvirtieron sus métodos de producción con la mecanización de las cosechas o zafra.  Y en la década de 1990 los centros mineros clausuraron su producción por la caída de los precios internacionales o redujeron el personal contratado. La consecuencia lógica fue un creciente desempleo; esto no redundó en un retorno de esos trabajadores estacionales a los campos. La tendencia fue a la concentración en las ciudades de los Valles y Yungas, tales como San Salvador de Jujuy, Perico, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín. (Benencia y Karasik 1995; Conti, Teruel y Lagos 1988; Karasik 1992, 1991, 1987; Santamaría y Lagos 1992; Santamaría 1984, 1986, Bisio y Forni 1976;) El Estado provincial fue el principal sector en absorber gran parte de la mano de obra desempleada, superando ampliamente a la totalidad del sector privado como empleador.

Actualmente las poblaciones rurales permanecen mayoritariamente en la Puna y la Quebrada de Humahuaca. La reapertura de algunos centros mineros a comienzos del 2000 provocó que las poblaciones de la Puna continuaran combinando el trabajo asalariado con la actividad ganadera, básicamente el pastoreo de camélidos y ovinos. En la quebrada de Humahuaca están orientadas a la producción hortícola para el mercado regional.

No obstante estos procesos, el Estado provincial puso en práctica diversas políticas destinadas al sector rural, desde las miradas desarrollistas de la década de 1960 hasta los enfoques multiculturales y globalizadores de la década de 1990. Estas políticas estuvieron destinadas a modernizar las producciones locales y conectarlas a diversos mercados nacionales e internacionales. Sin embargo esto no tuvo mucho éxito, en donde hubo varios factores intervinientes. La mayoría de los proyectos estuvieron aplicados a modernizar la producción ganadera de camélidos, trasplantando modelos productivos existentes en la región rio platense de la Argentina. El etnocentrismo que configuraba estos proyectos condujo a no comprender las lógicas de producción material y simbólica de las poblaciones de la Puna, fuertemente ancladas en una cosmovisión andina. Esto no significa que esas personas desconozcan las lógicas urbanas, occidentales y modernizantes, ya que las han experimentado a lo largo del s.XX pero de forma opresiva y estigmatizante.

Más recientemente las políticas de desarrollo estuvieron orientadas a renovar las estrategias  de mejoramiento de la producción de camélidos; la diferencia reciente es que fueron integradas junto a otras estrategias como el desarrollo de los servicios turísticos en las poblaciones locales. Es decir vincular el recurso ganadero como proveedor de productos alimentarios y materias primas textiles con actividades de esparcimiento como el turismo aventura tales como el caravaneo con llamas. Todo ello como parte de la promoción de los modelos de turismo rural de base comunitaria. Varias comunidades rurales han incursionado en esta forma de organización productiva, pero sin lograr aún generar los resultados esperados: es decir acumulación de pequeños capitales para reinvertirlos en la mejora de sus condiciones de vida y la sustentabilidad de los negocios turísticos.

Otra diferencia fundamental en estas nuevas políticas de desarrollo es la apropiación del universo simbólico andino. La aplicación más palpable es la mercantilización de las creencias religiosas tales como la Pachamama, el carnaval tradicional de la Quebrada de Humahuaca con toda su parafernalia y rituales, o los rituales religiosos masivos como las peregrinaciones de altura. Es decir una apropiación con resignificaciones acordes a las lógicas de mercado.

Una variante de estos proyectos es el aprovechamiento de la fibra de lana de vicuña. En la Provincia de Jujuy la población de vicuñas tuvo una notable de recuperación. Según la Secretaría de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, esta recuperación promedió los 50.000 ejemplares distribuidos en el altiplano puneño y las cordilleras que lo circundan. La explotación de este recurso aún es experimental e involucra el trabajo con algunas familias rurales de la Puna húmeda, en el NE de la Provincia. Allí las agencias estatales trabajan con las familias recuperando algunas metodologías originarias para obtener la fibra de la lana de vicuña; se trata del uso del “Chaku” o redada comunitaria, práctica inspirada en el método incaico para capturar las vicuñas con el menor daño posible para esquilarlas y luego liberarlas. En la actualidad varias familias están instituyendo este método y también están aprendiendo el procesamiento de la fibra de lana de vicuña para su uso textil. Varias de ellas tienen experiencia en la producción artesanal de textiles en lana de llama, sin embargo los conocimientos para la limpieza e hilado de esta fibra no son aplicables para el caso de la vicuña. Y desde el período colonial que no se práctica esta variante de explotación de camélidos en el altiplano jujeño.

Otra estrategia es la producción de cultivos de altura para mercados internacionales en la zona húmeda de la Puna; es así que agentes estatales y ONGs invirtieron recursos para que las comunidades rurales multipliquen la producción de semilla de quinua y su acopio para la exportación. Estos proyectos estuvieron orientados a la agricultura familiar de altura. Uno de los obstáculos principales de estos emprendimientos es la dependencia de Bolivia respecto de la provisión de las semillas, ya que las variedades que se producen localmente no permiten replicar la calidad demandada por los mercados de destino.

Durante la última década hubo una reactivación de la minería en el altiplano, lo que produjo una nueva atracción de mano de obra de las poblaciones rurales locales. Esta tendencia comenzó un nuevo ciclo de desarrollo de enclaves mineros, con características diferenciales de los ciclos anteriores. La baja inversión en tecnología a cambio de métodos extractivos altamente agresivos de la minería a cielo abierto también repercutió en la baja inversión en mano de obra. La minería a cielo abierto implica la destrucción masiva de formaciones geológicas mediante dinamitado, y la posterior separación de los minerales de la roca estéril mediante el rociado de cianuro, luego el mineral es recogido y embarcado. El producto es la obtención a bajos costos de oro, plata, y otros minerales más raros.  Esta metodología de producción también resulta agresiva hacia los territorios de las comunidades rurales, puesto que el extractivismo intensivo obliga a avanzar sobre nuevas formaciones geológicas vírgenes, y el uso del cianuro amenaza a las fuentes de agua dulce.

A ello se suma una nueva rama de la minería, que es la explotación del litio. Actualmente en ciernes, es una actividad que tiene su foco en los espejos de sal o salinas y salares del altiplano y los métodos usados para la extracción del litio implican la afectación de las fuentes de agua dulce. Las poblaciones rurales circundantes a las salinas y salares están especializadas en la extracción de sal para su comercialización; recientemente esta actividad también se convirtió en un atractivo turístico que derivó en la oferta de otros productos en sal, tales como artesanías.

Pero la instalación de corporaciones multinacionales interesadas en la explotación del litio está generando nuevas tensiones sobre los territorios de las poblaciones rurales. En algunos casos hubo poblaciones que llegaron a ciertos acuerdos de convivencia con estos nuevos actores capitalistas. Pero también otras poblaciones han devenido en movimientos originarios o indígenas que reclaman por la propiedad de sus tierras, y que permanecen activados en la lucha por sus territorios.

Al trasladar nuestras miradas a las poblaciones rurales de las yungas y los valles, la situación no les es más favorable. La principal razón, como lo contamos en párrafos anteriores, radica en el carácter dominante de la agroindustria capitalista, con una aguda concentración y centralización de la propiedad de la tierra en las corporaciones empresariales y grandes terratenientes.

Esto relegó a las poblaciones rurales a un lugar de “reserva” de fuerza de trabajo conforme las fluctuaciones de demanda del mercado laboral. Estas oscilaciones se alternan con la producción parcelaria agrícola doméstica para autoconsumo y el trabajo artesanal de bienes destinados a los mercados locales; se suman la alternancia con otros ciclos estacionales de mercados laborales agrícolas y ganaderos de otras provincias vecinas; y una más reciente búsqueda de inserción en el Estado Provincial, que en su condición de empleador es el que ofrece mayores garantías de estabilidad laboral y seguridad social, a expensas de sueldos bajos y el enorme déficit fiscal que padece endémicamente. Este escenario implica migraciones internas de las franjas etarias más jóvenes y en muchos casos con radicación definitiva en las ciudades aledañas a las Yungas.

Es decir que, en comparación con las poblaciones de las tierras altas (Puna y Quebrada de Humahuaca), sus homólogas de las tierras bajas están en un mayor deterioro social y económico.

Un último aspecto, de carácter central en la incidencia sobre las poblaciones rurales es la Frontera Nacional. La Frontera representa mucho más que una línea demarcadora que separa los territorios de los Países; como lo plantea  Trinchero (2000) es una estructura social en sí misma cuando nos habla de “Formación Social de Frontera”. Una estructura intensamente dinámica, tensionante y conflictiva, que también configura constantemente categorías de clase social, étnicas e identitarias (Slavutsky, 2007) que tornan a la cultura de Jujuy en un universos abigarrado de sentidos, significados, reglas y clivajes. De ello se derivan algunos “efectos de frontera” tales como los circuitos de migraciones salida y retorno entre poblaciones rurales de Argentina y Bolivia, el uso de los espacios rurales para actividades comerciales no reconocidas por el Estado, y la presencia de dispositivos estatales en Argentina que históricamente cumplieron un rol homogenizador del bagaje cultural de esas poblaciones rurales e itinerantes, nos referimos a la Escuela Pública y el Sistema de Salud. Además de los dispositivos represivos de control de frontera que actuaron como preservadores de las relaciones opresivas de las poblaciones rurales. Esto que llamamos  “efectos de frontera” también es un factor fundante del Capitalismo agroindustrial de Jujuy, dado que se sirve de los mismos para lograr un control más sistemático de la fuerza de trabajo.

Para cerrar este breve artículo, comprender los procesos que atraviesan las poblaciones rurales en Jujuy implican analizar y relacionar las dinámicas desiguales y tensas del Capitalismo regional y sus intersecciones con la dinámica del Estado Nacional Argentino y el Estado Provincial de Jujuy. Las dimensiones políticas de estos últimos también se entrelazan entre los intereses de los grandes Capitales agroindustriales y mineros, y las demandas y luchas de las poblaciones rurales por liberarse de la fuerte opresión que experimentan a diario, a expensas de la búsqueda por resistir y empoderarse mediante la apropiación de márgenes de acción propios entre las fisuras de las desigualdades sociales instituidas por el Sistema Social local jujeño.

Bibliografía

Benencia, R. y G. Karasik. 1995. Inmigración limítrofe: los bolivianos en Buenos Aires. CEAL. 
Bisio, R y F. Forni. 1976. “Economía de enclave y satelización del mercado de trabajo rural. El caso de los trabajadores con empleo precario en un Ingenio azucarero del noroeste argentino”. Buenos Aires, En: Desarrollo Económico, 61 (16): 3 –56. 

Karasik, G. 1991. “La mecanización en la industria azucarera jujeña: El discurso de los agentes sociales”. En: Cuadernos, 2: 13 –15. FHyCS, UNJu. 
Karasik, G. 1992. “Migrantes campesinos y diferenciación social en Jujuy”. En: Cuadernos 4: 137 –144. FHyCS, UNJu. 
Karasik, G. 1987. El control de la mano de obra en un Ingenio Azucarero. El caso Ledesma (Pcia. de Jujuy). Documento de Trabajo. ECIRA. Serie: Estructuras Sociales Regionales. Investigaciones, Nº 4. 

Lagos, M. y A. Teruel. 1989. “Composición del sector laboral en la industria azucarera jujeña en la etapa de despegue”. En: Cuadernos 1. FHyCS, UNJu. 

Ricardo Slavutsky 2007. De indios, campesinos, trabajadores y desocupados. Regulación de la mano de obra y formación de identidades en  territorios de  la frontera norte de salta y Jujuy. Tesis de doctorado. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Rutledge, I. 1987a. Cambio Agrario e Integración. El desarrollo del Capitalismo en Jujuy: 1550 –1960.Jujuy: ECIRA – CICSO. 

Santamaría, D. 1984. “Acceso tradicional a la fuerza de trabajo rural, política de tierras y desarrollo capitalista. El caso de la agricultura de caña de azúcar en el noroeste argentino”. En: Revista Paraguaya de Sociología. Nº 21. pp. 117 –130. Año 60. 
Santamaría, D. 1986. “Migración laboral y conflicto Interétnico. El caso de los migrantes indígenas temporarios a los ingenios azucareros saltojujeños”. En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, Nº 3: 357 –375. 
Santamaría, D y M. Lagos. 1992. “Historia y etnografía de las tierras bajas del norte argentino. Trabajo realizado y perspectivas”. En: Anuario del IEHS, VII. 

Trinchero H.H. 2000."Los Dominios del Demonio". Civilización y Barbarie en las fronteras de la Nación. El Chaco Central. Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Quito, Ecuador

14 de julio de 2017

Ley de semillas en Ecuador: Tensiones entre interculturalidad, multiculturalismo y orientalismo

Esteban Daza

Introducción

El presente ensayo pretende ubicarse en la querella entre: construcción disciplinaria de las culturas e interculturalidad crítica. Para tal empresa nos ubicamos en dos problemáticas que ocupan los debates de la filosofía intercultural; por un lado, el tratamiento que hace el pensamiento filosófico occidental sobre las diversidades humanas, “lo uno y lo múltiple con predominio de lo uno” (Villegas 2017); y por otro lado, en la forma constituyente de la interculturalidad, su aporte hacia políticas que busquen el cumplimiento de los derechos de pueblos y culturas.

Si la interculturalidad es un saber práctico y la intensión de la filosofía –en clave intercultural– es asumir la exigencia de la transformación a través de cultivar ese saber y experiencias de forma reflexiva (Fornet Betancourt 2011), nos parece importante poner en tensión la práctica de la filosofía intercultural en el marco, no sólo del derecho que tienen las culturas a manifestar sus formas diversas de percibir el mundo, sino de ponerlas en práctica.

Para ubicarnos en el debate partimos del planteamiento de Fornet Betancourt (2011) de comprender la filosofía como “saber contextual” de tal forma que, nuestra analítica pone de manifiesto la disputa de sentidos en la elaboración de normativas que afectan a los pueblos en países declarados interculturales, como es el caso del Ecuador. En el cual estudiaremos el proyecto de “Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y fomento de la Agricultura Sustentable” y su relación con los problemas de la interculturalidad. 

Problemática

Para autoras como Catherine Walsh, el proyecto de la interculturalidad crítica es disímil a la propuesta de expansión neoliberal de la multiculturalidad, pues no trata de incorporar la diferencia en las estructuras coloniales capitalistas, sino de implosionar desde la diferencia la matriz colonial de poder, “es hacer, re-conceptualizar y refundar estructuras que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar y vivir” (Walsh 2012, 119).

Ahora bien, el 2000, desde la segunda mitad de la primera década, en países como el Ecuador y Bolivia se experimentan ejercicios de reformas constitucionales que parecerían plantearse desde ciertas lógicas de la diferencia proyectos interculturales. Según Walsh, estos son caminos que a la vez que superan la multiculturalidad se erigen como la forma de repensar el Estado mono-cultural a través de “asumir” las propuestas y demandas de pueblos y nacionalidades (Ibíd. 124).

Para Walsh (2012), una muestra de este paso de construir el proyecto de-colonia sería el tratamiento que hace sobre “ciencia y tecnología” la Constitución ecuatoriana del 2008 que “desafía” la colonialidad del saber. Por un lado, establece enlaces entre los conocimientos científicos y los conocimientos ancestrales, y por otro lado, instaura las bases para un sistema educativo distinto “donde el conocer se entreteje con el vivir” (Ibíd. 126).

Sin embargo, nueve años han pasado desde la promulgación de la nueva Constitución en el Ecuador, y el desafío epistemológico y pedagógico de-colonial (Walsh 2012, 126) junto a la necesidad del diálogo intercultural como imperativo ético que repara la culpa con las victimas del colonialismo y promueve elementos de su liberación (Fornet Betancourt 2011, 643), se encuentran con matrices coloniales aún vigentes y, con un multiculturalismo que a la vez que integra las diferencias promueve su transmutación dentro del Estado mono-cultural del capital . 

La implementación del proyecto de la interculturalidad en el Ecuador evidencia la preeminencia de las matrices de poder colonial y capitalista en las diferentes esferas de lo público, dos de esos campos son, por un lado,  la fórmula conocimientos/economías en el sector de la agricultura y por otro lado, la alimentación. La experiencia de la materialización de los mandatos constitucionales referentes a la implementación de la Soberanía Alimentaria a través de la promulgación de leyes –en nuestro caso ley de semillas–, pondrán de manifiesto la tensión entre lo que hemos denominado: la primacía del orientalismo y multiculturalismo frente a la construcción colectiva de la interculturalidad por el derecho a la vida –tierra, agua y semillas–.

Interculturalidad, orientalismo y multiculturalismo

La Interculturalidad apela al diálogo entre diferentes donde predomina el respeto de sus singularidades y autonomías, sin embargo, en contextos como los latinoamericanos y en este caso, el Ecuador, el diálogo intercultural se encuentra en un momento de disputa, en el cual, ideas, conocimientos, formas culturales y prácticas están inmersas en relaciones de poder.

Uno de los ejemplos más evidentes es la emergencia de la ley que regula el uso y la circulación de semillas para la agricultura[1]. Normativa donde se enfrentan los estratos –formas de visibilidad y de enunciación– de concepciones de mundos diferentes y hasta antagónicos. La confrontación entre: “el sometimiento de la vida a la exigencia de la acumulación versus prácticas vivenciales que el pensamiento hegemónico define como subalternos, formas ecológicas y feministas (Mies y Shiva 1993, 8-9).

En cuanto al uso y circulación de las semillas el proyecto de ley (PLS) preparado por la Asamblea Nacional conjuga las nociones del multiculturalismo con elementos del orientalismo. Mientras en el artículo 1, se dice que: “se garantiza el uso y la libre circulación de las semillas campesinas” (…) (Asamblea Nacional del Ecuador 2017, 2), el artículo 30, menciona que será el Estado quien “identifique” la semillas campesina utilizada para la agricultura y la alimentación a través de parámetros que establezca el reglamento” (Ibíd. 12).

Un segundo elemento que llama la atención del PLS es el capítulo I y II relacionados con la clasificación que se hace de los sistemas de producción de semillas. En estos artículos encontramos la división de la semilla campesina y la certificada: la primera ligada a los saberes de los pueblos y la segunda, al saber técnico científico. Lo interesante de esta división son los mecanismos de control por los que deben pasar las semillas campesinas, sin bien estos requisitos estarán a discreción de la Autoridad Agraria Nacional –Estado–, su derecho a la circulación en el mercado convencional de semillas estará sujeto a procesos técnicos que aseguren su calidad genética, fisiológica, pureza, condición fitosanitaria y de productividad generando semillas estandarizadas y homogenizadas (Asamblea Nacional del Ecuador 2017, 11-12). 

Un tercer elemento del PLS es el veto presidencial a la ley con el cual se permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos con fines investigativos. Este particular integra una visión productivista de lo que debería ser la agricultura sustentable, pues los fines investigativos en soya, algodón, banano y maíz duro seco, obedecen a un tipo de agricultura basado en el monocultivo y en la matriz socio-técnica excluyente. Presupone que saberes, tecnologías y las prácticas agropecuarias de los pueblos mantienen bajos rendimientos productivos, privilegiando la “ciencia mecanicista, reduccionista, y la actitud de dominio y conquista de la naturaleza como expresión del patriarcado capitalista”. (Mies y Shiva 1993, 23)

Ahora bien, ¿cómo salimos del lenguaje del derecho como un lenguaje erudito y no político, para comprender la operación de orientalismo[2]  y multiculturalismo que se imprime en estos articulados del PLS? Un primer punto sería reconocer que los enunciados se inscriben en relaciones de poder, y un segundo punto, esto que aparece como “saber verdadero” se inscribe en una “cierta voluntad o intención de comprender y en algunos casos, de controlar, manipular e incluso incorporar lo que manifiestamente es un mundo diferente” (Said 2008, 34).

Hay una visión constituyente de la interculturalidad que enfrenta las intenciones de homogenización de la diferencia productiva, cultural y de manejo de semillas de pueblos y culturas que expresa el PLS. La propuesta de una agricultura pluriversal “construida desde abajo como tejido de solidaridad entre culturas que se comunican sin perder su raíz contextual” (Fornet Betancourt 2011, 646).

Un ejemplo de proyecto otro en el marco de la disputa de este cuerpo normativo ha sido la construcción colectiva de un determinado número de principios y prácticas por el derecho a la vida de los pueblos y culturas de Ecuador, que acuden a lo que Shiva (1993) denomina: “dos economías vitales que son necesarias para la supervivencia humana y ecológica: la economía de la naturaleza y la economía del sustento” (Pág. 20), y que a su vez se articulan a “los movimientos sociales alternativos y liberadores para hacer realidad esas otras formas” (Fornet Betancourt 2011, 640).

Por ejemplo, la propuesta de ley de semillas elaborada por la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) en conjunto con organizaciones campesinas, basa la ley en principios como la solidaridad, autodeterminación, equidad de género e interculturalidad, de manera que se reconozca y valoren los saberes ecológicos, sociales y económicos de los pueblos.

Otro de los elementos importantes es la generación de un mercado público de las semillas campesinas (COPISA 2012, 62) que no se restringe a la relación de transacción mercantil, sino que establece el diálogo de saberes y el intercambio para la conservación de semillas. Y otro factor importante es que entre los objetivos de la propuesta se fomenta la producción agroecológica para garantizar la fertilidad y la biodinámica del suelo y reconoce a las mujeres como las guardianas de las semillas. Queda claro que el proyecto otro se establece en la relación recíproca de una praxis de vida concreta con el otro, las culturas y la naturaleza. 

Bibliografía

Asamblea Nacional del Ecuador. Proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable. Veto parcial por parte del Presidente , Quito: Asamblea Nacional, 2017.

COPISA. Ley de Agrobiodiversidad, semillas y fomento agroecológico. Propuesta de Ley, Quito: COPISA, 2012.

Fornet Betancourt, Raúl. «La filosofía intercultural.» En l Pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino” (1300-2000). Historia, corrientes, temas, filósofos, de Enrique Dussel, 639-646. México: Silgo XXI, 2011.

Mies, María, y Vandana Shiva. Ecofeminismo: teoría, crítica y perspectivas. Barcelona: Icaria, 1993.

Said, Edward. Orientalismo. Barcelona: DeBolsillo, 2008.

Villegas, Luis. «Syllabus de filosofía e interculturalidad.» Quito: FLACSO, 04 de 2017.

Walsh, Catherin. Interculturalidad crítica y (de)colonialidad. Ensayos desde Abya-Ayala. Quito: Abya-Ayala, 2012.

[1] En el mes de mayo de 2017 la Asamblea Nacional del Ecuador aprueba el informe de segundo debate sobre la ley de semillas y el mismo mes, el presidente de la República veta parcialmente la ley permitiendo el ingreso de organismos genéticamente modificados (transgénicos) con fines investigativos, a pesar de la prohibición de la Constitución del 2008. Hasta el momento de la redacción de este ensayo, la ley está próxima aprobarse con las últimas modificaciones hechas por el presidente.

[2] De hecho, mi tesis consiste en que el orientalismo es –y no solo representa– una dimensión considerable de la cultura, política e intelectual moderna, y, como tal, tienen menos que ver con Oriente que con “nuestro” mundo.

La Paz, Bolivia

1 de julio de 2017

Apuntes sobre el acceso a la tierra y territorio en Sudamérica[1]

Ruth Bautista Durán

Oscar Bazoberry Chali

Las reflexiones del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) están basadas en un enfoque cualitativo para abordar la realidad desde lo específico, sin embargo, y de cara a la elaboración del informe anual sobre acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, nos ha sido demandada, la necesidad de abordar la identificación de tendencias regionales. Este encargo, resulta difícil, por dos razones: 1) el reconocimiento de los protagonismos individuales y colectivos territoriales, suele escarpar a las pretensiones de las políticas públicas, el mercado, los marcos teóricos, todos ellos en sus dimensiones nacionales y globales. Nuestra opción es buscarlos, aportar en su caracterización y sí, reconocerlos; no sin considerar que pueden ser afectados, positiva o negativamente, por efectos mayores; 2) ciertos procesos que pueden ser considerados como tendencias, suelen desplazarse en períodos de tiempo muy largos, por lo que suele rebasar la delimitación anual de los informes, que se ha establecido como criterio e hipótesis.

Con ese antecedente, planteamos una serie de apuntes a prestar atención para así, abordar estudios rurales, orientar los discursos, las demandas sociales y los procesos de comunicación en términos de agenda y opinión pública.

Estrategia combinada para permanecer o acceder a la tierra

Los campesinos, indígenas y afrodescendientes de la región combinan estrategias de carácter legal con el ejercicio de la permanencia, ocupación, uso productivo, ampliación de servicios en el campo, entre otras acciones, combinadas con la movilización, algunas veces fuera de la comunidad y ante entidades públicas, otras ante los medios de comunicación.

La judicialización continúa siendo instrumentalizada por el Estado, por actores privados, empresariales, para detener dirigentes, obtener órdenes de desalojo, quebrar voluntades, desestructurar familias y comunidades. Sin embargo, existen casos en los que la respuesta judicial ha sido efectiva para los procesos instaurados por familias y comunidades campesinas e indígenas. Estos casos son los menos, y no existen suficientes medidas de protección, garantías, medios materiales, e instancias de asistencia para que las personas sin recursos económicos puedan lidiar en las mismas condiciones en el campo de la justicia “ordinaria”, existe aquí un campo que es necesario explorar con mayor atención para la defensa y protección de las tierras y los territorios.

En el Informe 2016, destacamos varios casos en diferentes países. La comunidad Mapuche Paineo (Neuquén, Argentina), que logró que el Tribunal Superior de Justicia acredite su libre determinación y falló en contra de la empresa Bosque Andino S.A., obligándola a respetar la propiedad comunitaria. La Marka Quila Quila (Chuquisaca, Bolivia) llegó al Tribunal Constitucional para superar los obstáculos interpuestos por el Estado boliviano a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), cuyos funcionarios alegaron la ausencia de “personería jurídica oficial” para evitar la titulación colectiva de las tierras. En Colombia, la sentencia de la Corte Constitucional, C-035 de 2016, declara inconstitucionales varias disposiciones legales relativas a la delimitación de áreas estratégicas para la exploración y explotación minera, entre otras. En el Perú, ocurrió algo similar con el “paquetazo ambiental” de 2014, pues el Tribunal Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad que cuestiona su permisibilidad a la extracción de recursos naturales, firmemente.

El debate por la tierra, incluye reiteradamente otros aspectos fundamentales como leyes de semillas, normativas para el acceso a agua, regímenes impositivos, tratados comerciales, fomento de la agricultura de pequeña escala, la protección de territorios y recursos naturales, la biodiversidad, etc.

Gran parte de estos temas han sido excluidos de los espacios de deliberación, el presidencialismo y con él, el predominio de los órganos ejecutivos sobre otras instancias de gobierno han tomado para sí, decisiones que se esperaba que en Sudamérica progresen a la discusión y acuerdo colectivo a través de la consulta y otros mecanismos constitucionalizados y reconocidos en las convenciones internacionales.

Lo que es importante investigar en el futuro, es la fortaleza institucional de los abogados y equipos jurídicos que apoyan estas causas, que muchas veces no tienen fin, y por lo tanto, su continuo seguimiento es indispensable. Será importante dar un mayor énfasis a estos casos, que esperamos poder agendar en los siguientes informes.

Conflictos, violencia y el papel del Estado                                          

Los conflictos por la tierra y los recursos naturales, muchas veces con grados de violencia inaceptables, exponen y desnudan una serie de disputas y posiciones institucionales, tanto públicas como privadas, que advierten sobre aspectos críticos en los Estados sudamericanos que se agudizan.

En los capítulos del Informe 2016, la mayoría de los conflictos señalados tienen que ver con la expansión de la “frontera del agronegocio”, como inquiere el capítulo de Argentina, y la exploración/explotación de recursos naturales que realizan invasiones, desalojos y agresiones a campesinos e indígenas en sus territorios, esclareciendo, como indica el capítulo de Brasil que los conflictos reflejan la disputa entre la producción de alimentos y la producción de commodities. La salida violenta, muchas veces derivada en el asesinato de dirigentes, pone en evidencia una relación de poder desigual, y un sistema institucional que termina protegiendo a sectores, que penetran las instituciones públicas y sus aparatos represivos y judiciales.

Estos conflictos suponen una serie de acciones campesinas e indígenas, en la permanente necesidad de la defensa de sus derechos, visibilización y logro de lazos de solidaridad. Puede que uno de los hechos más frustrantes del año sea el veredicto al caso Curuguaty en Paraguay, donde murieron seis policías y 11 campesinos en junio del 2012, que determinó altas condenas a las campesinas y campesinos procesados por “homicidio doloso agravado, tentado y consumado”, “invasión de inmueble” y “asociación criminal”. Otros casos como el de Máxima Acuña en el Perú, también despiertan indignación y solidaridad.

Al parecer, la tendencia general es que si las organizaciones no pueden cooptarse y funcionalizarse a la política gubernamental, se criminalizan. Si todo el peso de las fuerzas especiales estatales se usa contra campesinos, indígenas y afrodescendientes, tendría que entenderse que es porque son ellos los criminales. No son considerados así, los poderosos agentes de la minería y el petróleo, que afectan cuencas hidrológicas enteras, que devastan la Amazonía, que imponen el fracking, que promueven formas de vida que degeneran en vicios y la trata de personas.

En Colombia, se han sumado alrededor de una centena de campesinos, indígenas y afrodescendientes asesinados por la violencia y la defensa de sus territorios; en Brasil según CIMI, al 2015 fueron asesinados 137 indígenas y según la CPT en 2016, se suman 61 muertos en conflictos por la tierra[2]. En Paraguay, según los Derechos Humanos, en 25 años a 2014, se suman 117 miembros de organizaciones, asesinados o desaparecidos[3].

Transformaciones institucionales

Han ocurrido cambios institucionales importantes para el mundo rural, y especialmente para los campesinos e indígenas. Los ejemplos más nítidos se han dado en Brasil con el cierre del Ministerio de Desarrollo Agrario, en Ecuador con la nueva Ley de Tierras, en Colombia con la nueva institucionalidad agraria, e incluso Bolivia con la apertura de un nuevo Fondo de Desarrollo Indígena.

La situación de Brasil tiene implicancias particulares, dada la influencia que logró tener en la FAO y la Organización Mundial del Comercio (OMC) en lo referido a la viabilidad de la agricultura familiar. Los cambios políticos, así como los recortes presupuestarios, llevaron casi de inmediato a la disolución del Ministerio de Desarrollo Agrario, transfiriendo parte de sus tareas a la Secretaria Especial de Agricultura Familiar y de Desarrollo Agrario, la Secretaría de reordenamiento agrario, la Secretaría de Desarrollo territorial y la Secretaría extraordinaria de regularización fundiaria en la Amazonía Legal, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). A nivel interno, se detuvo la política de tierras, existen proyectos de ley y propuestas legislativas que flexibilizan los derechos y las condiciones del trabajador rural, y la violencia en el campo ha aumentado ostensiblemente en comparación de años anteriores. A nivel internacional, los cambios dados en Brasil descomponen articulaciones como la Red de Agricultura Familiar del Mercosur (REAF), que durante el 2016 ni siquiera contó con la participación de alguna delegación de Brasil, lo que mostró no solo su aislamiento de las plataformas regionales, sino también el impacto que puede llegar a tener en ellas.

Dados los acuerdos para una paz estable y duradera en Colombia, resaltan la importancia del tema agrario. Sin embargo, los resultados del plebiscito, mostraron que es necesaria mayor cautela y trabajo permanente para lograr los objetivos de resarcimiento y recomposición social en muchos territorios rurales del país. Dos nuevas instituciones relacionadas a la ruralidad han entrado en funcionamiento, se trata de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ADR), y se espera que arranquen también la Agencia para la Renovación Territorial (ART) y los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDET).

En Argentina, además de las reducciones presupuestarias a los ministerios, en el 2016 ya se operan cambios en Ministerio de Agroindustrias, creado en diciembre del 2015 en sustitución del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agroindustria. En el caso de Bolivia, el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, devenido del liquidado Fondo Indígena, es relanzado en agosto, se limita la participación de las organizaciones sociales en los órganos de dirección, pasa a control directo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Paradójicamente, a días de su relanzamiento es aprehendida Nemesia Achacollo, quien fuera la primera ministra campesina en esa cartera y ejerció el cargo por cinco años; con ella son decenas de dirigentes campesinos e indígenas acusados y procesados por corrupción.

Acceso a la tierra vía mercado y regulación estatal

El Informe 2016 resalta que el gobierno de Colombia invirtió 7.5 millones de dólares para el subsidio de compra de tierras para quienes no la tienen, en este caso se trata de reactivar la idea de un banco de tierras. Aunque se muestran señales como la indicada compra de tierras para campesinos y desplazados, existen también discusiones sobre los propósitos de la concentración de tierras vía mercado.

En el caso de Ecuador, el Plan Tierras 2010-2015 reporta 52.167 hectáreas entregadas a 11.022 familias, lo que hace un promedio de 4,7 hectáreas familia. Según los datos que se disponen, en el caso de la hacienda La Paquita el costo fue de 1.498 dólares la hectárea, y en el caso de la hacienda Indiana fue de 3.214 dólares por hectárea. Si esto lo multiplicamos por el número de familias beneficiadas en ambos casos, los créditos promedio que asumieron es de 8.728 dólares familia en el primer caso y 18.000 dólares familia en el segundo.

En el caso de Paraguay, el resultado de la política de compra de tierras para el programa dirigido por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y Tierra (INDERT), en este caso del 2013 al 2015, lo que en total suma 11.904 hectáreas, con un precio promedio de 1.680 dólares. Lo que significa un promedio anual aproximado a 4.000 hectáreas.

Estos tres casos, donde interviene el mercado de tierras mediado por el Estado, nos permiten mostrar que es necesario continuar discutiendo la factibilidad de este mecanismo, como el principal canal para la restitución y atención de demandas de campesinos, cooperativas y organizaciones de pequeña producción. Para el Estado, este camino supone altos costos, incluso si se elimina el factor especulativo que intermedia las compras estatales, y en las sobrevaluaciones de los predios en el sistema bancario (normalmente origen de los bancos de tierra). No existen mayores detalles sobre los procesos burocráticos y políticos en las compras y dotaciones. Éstos, serían aspectos que conocemos a medias e interesaría estudiar de forma específica y comparada.

Por otro lado, en el caso en que los campesinos asociados, adquieren vía compra-venta, tierras que fueron confiscadas o incautadas, o adquiridas por el Estado para esta transferencia, median un conjunto de promesas en capacitación, financiamiento, mercados, por parte de las instituciones públicas, lo cual podría justificar los criterios que se imponen en este tipo de sistemas de mercado de tierras. Sin embargo, es también conocida la dificultad de pago de parte de las asociaciones, y el incumplimiento de compromisos por parte de las instituciones públicas.

En algunos países es un mecanismo que funciona a pequeña escala, dada la demanda, los bancos de tierra no presentan una garantía de solución en los plazos que requiere la población, y aún más se encuentra ausente el enfoque territorial que permitiría articular acciones de desarrollo integral, que conforma el paquete de promesas.

Gobiernos e independencia organizacional

La situación de Ecuador y Bolivia afirman el debilitamiento y división del movimiento campesino e indígena, un panorama organizativo muy complejo ante la opinión pública global, que tiene a estos gobiernos como referentes de la izquierda.

De los siete países que incluye el Informe 2016, cuatro tenían gobiernos identificados con una tendencia de izquierda, no obstante, el golpe parlamentario al gobierno de Dilma Rousseff y el ascenso de Michel Temer en Brasil, y de Mauricio Macri en Argentina, pareciesen establecer una ruptura. Además de la esforzada identificación política, los datos y tendencias presentadas no muestran que hayan tenido una política progresista en cuanto a la distribución de la tierra.

Si vemos a Colombia, Paraguay y Perú, sus procesos de ascenso organizativo y político son diferentes por el tema de la violencia interna y por una continuidad en la forma de gobierno que traspasa el proceso democrático. Si bien sus organizaciones campesinas e indígenas no han logrado líderes políticos que ocupen altos cargos gubernamentales, ni instrumentos políticos, ni gobiernos como tal, sus organizaciones, al tener un contexto antagónico claro, tienen agendas mucho más compactas.

En varios de los contextos, los mecanismos legales impuestos para acceder, obtener el reconocimiento y legalizar las ocupaciones ancestrales y recientes de tierra y territorio, ponen frente a frente a actores igual de desventajados. Indígenas y campesinos, afrodescendientes y colonizadores, sin tierra y poblaciones nativas, ¿Acaso sus diferencias son tan determinantes? Cierto es que la ocupación de tierras para la agricultura familiar también fue concebida por planes de desarrollo supranacionales hace más de medio siglo, generando una estratificación de agricultores de pequeños a grandes, no obstante, la intolerancia, violencia y genocidio, siempre vinieron desde agentes con intereses que van más allá del aprovechamiento de la tierra.

Estas diferencias interétnicas o incluso interclasistas, indígenas y campesinos, también están presentes en las disputas nacionales y electorales, aquellas que han atomizado al que fuera, a fines del siglo pasado, un movimiento indígena campesino unificado, contestatario y en ascenso. Lo que muchos entienden y denominan como un giro a la derecha, las organizaciones sociales podría comprender como la lección por sostener su historia lucha en el ámbito de la autonomía y la independencia.

La opción agroecológica en la inspiración y renovación organizativa

Otro común denominador en la subregión andina son las transformaciones en los ciclos naturales, producto del cambio climático global, pero también del impacto de las actividades minera, petrolera y la construcción de hidroeléctricas. Durante el 2016, ha resaltado la falta de agua, el retraso de las temporadas de lluvia y el fracaso de las campañas de invierno/verano en la producción de granos, además de la soja, el trigo, sorgo, y aquellos alimentos que golpean más la economía y alimentación campesina e indígena, el arroz, la papa, e incluso productos del bosque como la castaña amazónica. La afectación de las presas de agua, incluso aquellas que abastecen las necesidades de los centros urbanos, muestra que se han modificado los ciclos de las cuencas hidrológicas.

En Sudamérica existe una normalización respecto al crecimiento desmesurado de las ciudades y se sobreentiende que las diversas formas –todas precarias- de periferia, margen y espacios semirurales, están encaminados a la urbanidad plena. Las políticas se dirigen a este fin; sin embargo, los presupuestos para municipios y circunscripciones rurales o no suscritos a las grandes ciudades, son descuidados y todavía enviciados por la presencia de oligarquías locales que los concentran para beneficio propio. Si la situación no mejora en el campo, se engrosa la precariedad urbana y son crecientes las demandas populares por mejores condiciones de vida en la ciudad y también las demandas por tierra en el campo.

Ante esta adversidad, se gestan miles de significativos procesos por rehabilitar el suelo que destruye el extractivismo, miles de experiencias que se basan en la agroecología, el aprendizaje empírico del comportamiento de la biodiversidad y la necesidad colectiva por construir autogestionariamente los cimientos de mejores formas de vida. Resulta alentador que las acciones campesinas e indígenas en los diversos países, partan por disputar las políticas agroalimentarias que se refieren a las semillas, la defensa de los bosques y los diálogos interculturales que buscan la incidencia en el ámbito socioambiental.

Debemos hacer el esfuerzo por hilar fino y tejer las relaciones históricas hacia el presente. Tienen mucho que ver el planteamiento primigenio del movimiento campesino e indígena surgido en Bolivia y Ecuador, las actuales consignas en Paraguay, Colombia y Argentina, contra Monsanto y el fracking, y por la tierra, libertad, soberanía. Los pueblos indígenas deben articular y hacer jurisprudencia horizontal sobre los logros que expresan las constituciones estatales, por la ancestralidad y la preexistencia, por el derecho colectivo, la autonomía administrativa, la plurinacionalidad y la soberanía.

La agroecología como principio político permite visibilizar de mejor forma la diversificación de semillas, cultivos, productos, y seguramente, permitirá también (re)inventar mejores formas de organización y articulación.

Existe una renovación organizativa, son posibles los pactos de unidad campesinos-indígenas, las cumbres agrarias que articulan y movilizan pliegos completos, nuevas plataformas de lucha que agrupan a campesinos, activistas, consumidores y académicos bajo intereses y enemigos comunes y nuevas estrategias de lucha. Aquellos campesinos criminalizados, despojados y muertos, son aquellos que impulsan la solidaridad, que en lugar del conflicto, el bloqueo y el ultimátum, tienen fuerzas aún para el obsequio, para recordarle a la sociedad la gran deuda que se viene acumulando. Los verdurazos en la capital argentina, expresan la impronta de campesinos e indígenas como protagonistas del mundo rural, capaces de regalar alimentos, capaces de inspirar mejores prácticas y mejores pensamientos para nuevas formas de gestión y gobierno propio.

[1] Extracción selectiva del Informe 2016 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica (IPDRS, 2016).

[2] Disponible en: https://goo.gl/1tigbm

[3] Disponible en: https://goo.gl/7GxI5z

Mérida, Venezuela

14 de junio de 2017

Introducción​ constituyente

La situación actual por la que atraviesa el país da cuenta de temas pendientes, no solo en el ámbito político sino fundamentalmente constitucional.

Son tiempos de constituyente para cambiar una constitución que no llegó a su mayoría de edad. Nuestra carta magna con una cortísima historia de afecciones y desafecciones, hoy es amenazada de ser lanzada al cesto de la basura de la historia. Junto a ella todos los derechos reconocidos, entre otros, los de los pueblos indígenas.

Derechos indígenas pendientes y amenazados

Los derechos fundamentales indígenas pendientes de materialización ahora corren el riesgo de desaparición. Habiendo existido más condiciones en 1999 para su aprobación, a pesar de la persistencia del fantasma racista y neocolonial presente en el debate constituyente del momento, podemos avizorar el devenir de estos derechos en el marco de un panorama de fragmentación de los territorios indígenas, de cooptación y desestructuración de las organizaciones indígenas, entre otros.

Al trasluz de lo anterior, vale la pena preguntarse: ¿Con qué movimiento indígena se cuenta para defender derechos reconocidos? ¿Con cuáles organizaciones indígenas para acordar nuevos derechos?

Breve historia de diecisiete años de derechos indígenas

La negociación para la inserción del capítulo VIII en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), fue sobre todo el resultado de la existencia de un movimiento indígena fuerte. En efecto, el  Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE) representaba los intereses de los pueblos y organizaciones indígenas del momento. Con esa sólida organización los derechos indígenas pudieron ser insertados en la Constitución de 1999.

Hoy en día, las condiciones de otrora no están dadas para avanzar en la concreción de derechos reconocidos y mucho menos para declarar nuevos derechos en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Un breve balance de los derechos indígenas reconocidos en el Capitulo VIII de la CRBV nos conlleva a lo siguiente:

Artículo 119: en él se reconoce el derecho principal de los pueblos y comunidades indígenas del país, ya que se consagra el derecho al territorio necesario para garantizar sus formas de vida. Según cifras oficiales optimistas, se ha demarcado apenas el doce por ciento (12%) de los hábitats indígenas. Dichas demarcaciones no han terminado de satisfacer los derechos territoriales indígenas.

Artículo 120: se establece el derecho a la consulta como corolario del derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como del derecho al consentimiento reconocido en la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas.

Artículo 121: el derecho a la identidad étnica y cultural aquí prevista ha venido viéndose amenazada por la constante amenaza a los territorios y fragmentación de las organizaciones indígenas. Por otra parte, la educación intercultural bilingüe no ha terminado de materializarse como política pública en la mayoría de las comunidades indígenas.

Artículo 122: la ausencia de programas para incentivar la medicina tradicional es proporcional a la aparición de enfermedades como el paludismo, malaria, fiebre amarilla, diarrea y VIH entre otras, en los territorios indígenas donde hay fuerte presencia de mineros ilegales, generando​ grandes contingentes de comunidades indígenas diezmadas por estas enfermedades.

Artículo 123: las prácticas económicas tradicionales poco a poco han sido sustituidas por la transformación de las costumbres de intercambio sin valor de uso, cada vez más determinadas por el valor de cambio existente en áreas con fuerte presencia de minería ilegal, abigeato, contrabando de combustible, lo cual he venido afectando sus usos y tradiciones.  

Artículo 124: el derecho a la propiedad intelectual colectiva reconocido en este artículo ha sido consustancial con la amenaza a los conocimientos​ tradicionales, poniendo en riesgo el gran acervo de las culturas indígenas.

Artículo 125: el derecho a la participación política lamentablemente ha sido sustituido por la cooptación de la dirigencia y organizaciones indígenas.

Artículo 126: en vez de este artículo haber significado una cláusula de salvaguarda para la defensa e integridad del territorio nacional, se convirtió en un mecanismo de penetración y desintegración de las tierras indígenas del país.

Derechos indígenas y peligros de regresión constituyentista

Más que una ANC lo que se propone es un gran congreso para la discusión de algo que la mayor parte del país aún no conoce. La propuesta constituyente es desproporcionada y surge como un mecanismo de sobrevivencia de un actor político.

Si no ha habido consulta de la iniciativa y mucho menos de las bases comiciales, difícilmente podemos augurar un debate sano, abierto y democrático de nuevos derechos, concretamente indígenas.

Las condiciones para la discusión de derechos diferenciados en un contexto de polarización política en el año 2017 es completamente diferente a la de 1999. Si en ese entonces (y hasta la actualidad) existen dificultades para darle concreción a derechos distintos desde una perspectiva intercultural, hoy en día podría resultar contraproducente una iniciativa que, en vez de afirmar el carácter progresivo de derechos fundamentales, pueda más bien significar una regresión histórica.

La única manera que una constituyente tenga justificación es que se supere la situación de confrontación actual, se asista a un proceso de encuentro, reconocimiento y convivencia. En efecto, “sin condiciones, hay que acordar una agenda país más allá de las élites de poder. Se debe comenzar por sanar las heridas para el necesario encuentro, convivencia y reconocimiento del otro por constituir un asunto socialmente pendiente. Es parte de lo que se impone como apuesta nacional. No obstante, ello tiene que ir acompasado con los tiempos económicos y políticos. Si la coyuntura es importante hay que ir acometiendo los temas estructurales que aquejan a la República a lo largo del tiempo” (vaguilarcblogspot.com).

De esta manera, la ANC podría ser significar:

1. La ANC como espacio de ampliación democrática.
2. La ANC para ampliar derechos y no poderes.
3. La ANC para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico acorde con los derechos constitucionales vigentes.
4. La ANC para acompasar las instituciones a derechos reconocidos.
5. La ANC para avanzar de la consagración al ejercicio de los derechos reconocidos.
6. La ANC como fin del Contrato Social diluyente.

No obstante, para lo anterior lamentablemente todavía no existen condiciones en el país para su impulso y desarrollo.

Quem ganha e quem perde nos (des)caminhos da cadeia industrial da carne?

Diana Aguiar

FASE BRASIL

Para termos um panorama das questões de fundo relacionadas ao tema, façamos o percurso ao longo dos caminhos da cadeia de produção da carne, imaginando-a como uma corrente que passa por diversos elos até as prateleiras do supermercado

A deflagração da Operação Carne Fraca da Polícia Federal suscitou preocupações em relação à qualidade da carne comercializada cotidianamente no Brasil e exportada a partir daqui, resultando inclusive na suspensão da importação de carne brasileira por diversos países. Em pouco tempo, as redes sociais tornaram-se palco de um debate acalorado, que infelizmente, da mesma forma que a cobertura da mídia, passou ao largo das questões de fundo que envolvem a cadeia industrial da carne e as estratégias de enfrentamento que há muito vêm sendo construídas por organizações, movimentos sociais e sindicais do campo no Brasil e através de suas articulações nacionais, regionais e internacionais.

Para termos um panorama destas questões de fundo, façamos o percurso ao longo dos caminhos da cadeia de produção da carne, imaginando-a como uma corrente que passa por diversos elos até chegar à prateleira dos supermercados. Já na parte inicial da cadeia produtiva, os monocultivos de soja e milho transgênicos – cujo principal destino é a produção de ração animal – despejam venenos que contaminam solos, rios e lençóis freáticos e promovem a erosão da diversidade das sementes e das culturas agrícolas e alimentares.

No elo seguinte deste caminho, a criação de gado, encontramos uma atividade campeã em trabalho análogo à escravidão no país². Ainda neste elo, vemos que entre terras degradadas e atualmente utilizadas no Brasil para pastagem, a pecuária já ocupa 25% do território nacional e continua pressionando por expansão³. Essa expansão acontece em grande medida por meio da grilagem de terras públicas e de ocupação tradicional, causando conflitos intensos com camponeses e camponesas, indígenas e outras comunidades tradicionais. Ainda em razão da contínua expansão, a pecuária é o principal vetor do desmatamento no país, promovendo o etnocídio de povos que construíram e constituem a diversidade biológica e cultural de territórios no Cerrado e na Amazônia, os dois biomas mais ameaçados pela expansão da carne. O caso do Cerrado é tão dramático que o próprio futuro do bioma está sob ameaça imediata [4]. Mas, apesar disso, as tecnologias desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para a expansão da cadeia industrial da carne, e que foram implementadas ali ao longo das últimas décadas, servem como justificativa para que o Cerrado seja modelo para o avanço do agronegócio no norte de Moçambique [5] e em outros países.

A parte seguinte da cadeia produtiva é o abate de animais, um setor que conta com inúmeras denúncias de condições indignas de trabalho nos frigoríficos. A Operação Carne Fraca teve como alvo direto este elo e somente uma parte específica dos problemas relacionados a este: as brechas e corrupção na fiscalização da qualidade da carne comercializada a partir dos frigoríficos. É compreensível que a qualidade da carne seja a primeira preocupação da perspectiva do consumo, mas em um cenário tão complexo: como ignorar que a carne que comemos, vendida empacotada e com a aparência de total higienização, percorre um caminho tão tortuoso até chegar ali, deixando um rastro de devastação ambiental e social?

Poucos campeões, muitos perdedores

A cadeia produtiva da carne é ligada a algumas das mesmas oligarquias herdeiras do coronelismo no Brasil, compondo hoje a coalizão mais poderosa e reacionária do Congresso Nacional: a bancada ruralista. As continuidades históricas na governança agrária no país são trágicas, sobretudo por conta da eterna promessa não realizada da reforma agrária, que propicia a permanência de grandes latifúndios concentrados nas mãos de poucos.

Como um espelho corporativo desta concentração de poder econômico, a cadeia industrial da carne em todo o mundo tem alguns de seus elos controlados por um pequeno conjunto de empresas transnacionais. Os insumos agrícolas para o monocultivo, como as sementes transgênicas e os agrotóxicos, são controlados por um pequeno conjunto de corporações. Este setor deve ficar ainda mais concentrado em razão de diversos processos de fusão em curso (Bayer com Monsanto, Dow com DuPont e ChemChina com Syngenta). Já a exportação da soja e do milho transgênicos para consumo animal, entre países onde se localizam os monocultivos e outros países produtores de carne, tem participação majoritária de gigantes corporativas como Bunge, Cargill, ADM e Louis Dreyfus Commodities.

A política dos “Campeões Nacionais” do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) propiciou que um conjunto de empresas cujo capital tem origem no Brasil entrasse nesse time seleto e passasse a figurar entre as gigantes do setor de frigoríficos. Entre 2007 e 2013, período em que vigorou a política, o BNDES injetou R$ 18 bilhões em apenas cinco empresas (dentre elas os frigoríficos JBS e Marfrig). A JBS (que controla marcas como Friboi e Seara) recebeu o maior volume: R$ 10 bilhões. Além disso, entre 2005 e 2014, os frigoríficos JBS, Marfrig, Independência e Bertin receberam R$ 11 bilhões em participação acionária do banco via BNDESPar. O banco também estruturou o processo de fusão da Sadia com a Perdigão, resultando na criação da Brasil Foods. A política de campeões nacionais foi instrumental para que estas empresas adquirissem o poder de que hoje gozam: a JBS, atualmente a maior produtora e exportadora de carnes do mundo, não estava nem entre as 400 maiores empresas em operação no Brasil em 2002.

Para se ter uma ideia da concentração de mercado resultante deste processo, em 2007, onze grandes exportadores representavam 70% das exportações do país, enquanto em 2015, apenas três empresas (JBS, Marfrig e Minerva) realizaram 80% das exportações.  Certamente tanta concentração de poder econômico aumenta a ascendência destas empresas sobre o sistema político, erodindo ainda mais os sentidos já tão degradados da democracia. Não surpreende que a JBS esteja entre as maiores doadoras de campanhas políticas no Brasil.

Nesse sentido, ainda que existam prováveis motivações políticas por trás da investigação da Polícia Federal, são questionáveis os argumentos em torno de um complô imperialista por trás da Operação Carne Fraca. Este tipo de argumento parte da mesma premissa que justificou a política de “Campeões Nacionais”: a de que a economia nacional é mais forte se empresas cujo capital tem origem no Brasil se inserem de forma competitiva no mercado internacional. É uma premissa falida ao menos em três aspectos. Por um lado, ela entende que o coração de um suposto “interesse nacional soberano” é o crescimento econômico e que as exportações são um fim em si mesmo, e não um meio para a justiça social. Pior, ela entende que existe algo que se possa chamar “interesse nacional”, apagando toda a diversidade e assimetrias sociais contidas no território brasileiro e a dura realidade de que há sempre os poucos que ganham e os muitos que perdem com o incentivo a uma cadeia produtiva concentrada e devastadora como é a da carne.

Em terceiro lugar, essa premissa escolhe ignorar que as empresas transnacionais não têm fidelidade nacional. Elas migrarão suas operações produtivas e financeiras de acordo com as perspectivas de ganho. Por exemplo, a dificuldade do Brasil em cumprir os requisitos sanitários para exportar a muitos países levou a JBS a uma estratégia de comprar frigoríficos nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha, Argentina, Uruguai, Paraguai, Itália, África do Sul e China. Em 2016, 90% dos rendimentos da empresa já eram gerados fora do Brasil e, já em 2011, 60% de seus funcionários também se localizavam fora daqui. No primeiro semestre de 2016, a JBS anunciou a intenção de mover sua sede para Irlanda, um paraíso fiscal. O BNDES, importante acionista da empresa via BNDESPar, vetou a mudança, mas não há garantias que uma correlação de forças diferente no banco público no futuro não permita a concretização deste intento.

Cadeia produtiva globalizada

A JBS e a BRFoods são empresas com cadeia de produção globalizada e foram alçadas a tal patamar com injeção vultosa de recursos públicos. Advém daí a pergunta de ouro: se este setor é tão competitivo, por que precisa ser continuamente incentivado? E mais importante: se esta mesma soma de recursos públicos tivesse, diferentemente, sido direcionada para a agricultura familiar, incentivando a produção agroecológica e os mercados institucionais, imaginemos a revolução produtiva e social que teríamos em curso. Ao contrário deste cenário, a situação da agricultura familiar e camponesa em um contexto de contínuos incentivos públicos ao agronegócio é de crescente confinamento.

Por outro lado, o distanciamento das populações urbanas com a realidade da produção daquilo que consomem só dificulta a pensar para além do imediato. Há uma tendência crescente de preocupação com a saúde na alimentação nos centros urbanos, mas é fundamental enfatizar que mudanças através do consumo têm limites. A maioria das pessoas come o que pode. Dentre as poucas pessoas que podem escolher quais alimentos consumir, menos ainda fazem essas escolhas por motivações sociais ou ambientais. E mesmo quando esse é o caso: quem consegue ter total controle sobre as cadeias produtivas daquilo que come?

Diante dessa situação, uma primeira ação pode ser a de nos somarmos a iniciativas que aprofundem o tema e não diluam falsamente a complexidade do desafio que temos diante de nós. Há diversas articulações construídas coletivamente no Brasil, como a Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e em pela Vida e a Campanha em Defesa do Cerrado, que dialogam diretamente com a ideia-chave “Comida de verdade no campo e na cidade”. Um pressuposto básico é de que devemos reivindicar reformas estruturais, como a reforma agrária, e programas e políticas públicas de potencial emancipatório para a agricultura familiar. Entender o tamanho do problema envolvido na cadeia industrial da carne deve ser motor de mobilização coletiva e convergência entre as bandeiras de luta no campo e na cidade.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.